A través del presente documento se pretende generar mejores condiciones previsionales para el sector campesino, específicamente respecto del sistema de pensiones, en el marco de la legislación de la Reforma a dicho sistema. En este contexto, el Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (MUCECH), parte de las siguientes premisas:

• La población del sector rural corresponde al 12,2% de la población nacional. Hasta el año 2015, predominaba en ella la pertenencia al primer quintil de ingresos (CASEN, 2015). Lo cual denota una situación de pobreza por ingresos en dicho sector, que hasta 2017, se encontraba en el 16,7% del total de personas (2.149.740) (CENSO y CASEN, 2017). 

• La pobreza multidimensional tiene mayor incidencia en el sector rural (37,4%), principalmente en el grupo etario de 60 años y más, con un porcentaje de 37,9%. Esto, considerando que entre las variables más influyentes en este fenómeno se encuentran Vivienda y Entorno (40,2%), Educación (26,1%) y Trabajo y Seguridad Social (24,9%). Entre las principales dimensiones de esta última variable, la de Seguridad Social representó un 37,1% de influencia dentro de la medición total de la pobreza multidimensional en el sector rural (CASEN, 2017).

• Dentro de la totalidad de datos disponibles sobre previsión social, no se encuentra la desagregación entre urbano-rural. Sin embargo, se establece, que en las zonas rurales se percibe casi el doble de subsidios monetarios que en las zonas urbanas (50.814 y 28.260, respectivamente), quedando los ingresos de las zonas rurales por trabajo, autónomos y monetarios, en montos significativamente más bajos que los existentes en las zonas urbanas (CASEN, 2017).

• Un 68,6% de personas mayores de 64 años que se encuentran en el primer decil de ingresos a nivel nacional, reciben Pensión Básica Solidaria (PBS) o Pensión Asistencial (PASIS), mientras que solo un 11,8% recibe algún tipo de pensión contributiva. A pesar de que ha aumentado el número de cotizantes en los últimos meses y años, las personas que tiene contrato a plazo fijo o temporal, se encuentran con menores montos que aquellas con contrato indefinido (Superintendencia de Pensiones, 2019).

• El tipo de contrato temporal predomina por sobre el permanente en el sector rural (57,3% y 42,7% en el trimestre diciembre-febrero 2019, respectivamente), considerando las actividades silvoagropecuarias que allí se realizan, cuya participación en el empleo a nivel nacional representa cerca de un 10% (ODEPA, 2019) y cuya participación en el PIB nacional, hasta 2014, era cercana a un 2,7% (ODEPA, 2014). Por lo tanto, este sector logra ser significativo dentro de la economía nacional.

• Sin embargo, existe una tasa de cesantía agrícola cercana al 5% en estos últimos trimestres y una variación anual de ocupados de -1,78% (ODEPA, 2019). Lo cual se evidencia en la informalidad laboral, que predomina en un 45,5% en el sector de agricultura y pesca, asimismo, predomina en el sector la ocupación informal en un 63,0%, considerando este sector como el que posee la mayor tasa de ocupación informal en el país.

• Esto, junto con el envejecimiento poblacional a nivel país, conlleva un problema de seguridad social grave, dado que aproximadamente un cuarto de los adultos mayores jubilados se encuentra inserto en el mundo laboral, siendo la necesidad económica la principal razón de esto (66%) (SENAMA, 2016). En el sector rural, esta inserción laboral se caracteriza por la situación descrita anteriormente, que abre un panorama problemático a la edad de jubilación para las personas que desarrollan actividades silvoagropecuarias.

Propuestas:

Considerando la informalidad y temporalidad de los trabajos del sector rural, así como la incidencia que tienen las actividades laborales propias del sector en el PIB, en el empleo y la alimentación nacional, se establece que es necesario mejorar el sistema de pensiones y previsión social para los trabajadores, trabajadoras -de temporada y pequeños productores- y personas mayores de dicho sector. Para esto, se plantean las siguientes solicitudes:

1. Construir un sistema de pensiones solidario y diferenciado para el sector rural, tanto para trabajadores/as temporeros/as e independientes, que considere el nuevo 4% de cotización. Esto, considerando la estacionalidad de las actividades silvoagropecuarias, por lo tanto, la estacionalidad de las posibles cotizaciones. Este sistema debe ser de reparto y administrado por una entidad estatal, fortaleciendo el pilar solidario. Además, debe incluir la obligatoriedad de cotización y un mecanismo para cotizar acorde con las temporalidades de trabajo; por ejemplo: cada vez que termine la cosecha para los pequeños productores y cada mes de temporada trabajada para los temporeros/as.

2. Incluir la situación previsional de las personas pertenecientes a los pueblos originarios -junto al sector rural en general- en los informes y estadísticas de los organismos gubernamentales.

3. Agilizar la pronta legislación del Estatuto Temporero.

4. Cambiar y/o mejorar el mecanismo de fiscalización de la Inspección del Trabajo a las empresas y contratistas de trabajos de temporada, de manera que se cumplan los requisitos mínimos de seguridad, en términos de salud, pago efectivo de cotizaciones, descuentos previsionales, entre otros. Estableciendo que los temporeros/as deben ser contratados/as por empresas formales (Empresas de Servicios Transitorios o Suministradora de Personal, Ley N°20.123)

5. Implementar un programa nacional de educación previsional para los trabajadores/as del sector rural financiado por el gobierno y llevado a cabo por organizaciones gubernamentales, organizaciones campesinas o empleadores, para el caso de los trabajadores/as asalariados (dependientes y temporeros).

Al incluir estas propuestas en la Reforma del sistema de pensiones, será posible incrementar los índices de cotización de los trabajadores y trabajadoras del sector rural -indígenas, pequeños productores, temporeros/as-. Esto, permitiría, además, la inclusión de este sector en las reformas y políticas públicas, así como el goce efectivo de sus derechos respecto de la protección social en el ámbito laboral. De este modo, mejoraría su situación previsional y aumentarían sus montos de pensión en el futuro, lo cual ahorraría, a largo plazo, el gasto fiscal en pensiones no contributivas.