El tema de la Política Forestal surgió con fuerza en el Gobierno pasado, al comprobar que, si bien había un desarrollo o un crecimiento de plantaciones forestales en un reducido grupo de personas, se había dejado de lado el tema en las universidades y en los centros de investigación. No se consideraba la existencia de superficies y de trabajo de los productores campesinos forestales.

De acuerdo a las estadísticas comprobadas oficialmente, todavía se disponen de más de dos millones de hectáreas de aptitud forestal y más de un millón de hectáreas de bosque nativo. Por tanto, se ha logrado hacer entender a nivel político-partidista que existe esa realidad de carencia y de falta en el sector. Por lo cual era necesario desarrollar una estrategia mediante la convocatoria de un conjunto de actores y eso se materializó en lo que hoy se llama el Consejo de Política Forestal.

La virtud de este Consejo es que es muy amplio, con distintos actores, casi totalmente representativos de todos los sectores vinculados al tema forestal. Surgió como resultado de una serie de acuerdos e indicaciones y políticas a seguir, las que se orientan en el bosque nativo, las zonas áridas, de suelo degradado, el bosque esclerófilo y la zona austral; no solamente en la parte maderera, también se orientan a recuperar, desarrollar y aprovechar de mejor manera los productos forestales no madereros, vale decir frutales, hojas o productos derivados del bosque.

Felizmente se ha logrado un proceso de trabajo, no se ha interrumpido respecto a los cambios de gobierno, por ejemplo; sino que, al revés, el acuerdo fue sobre los compromisos escritos. Nosotros planteamos como gremio que, si la palabra compromiso según el diccionario es “obligación”, entonces no se puede guardar el libro de las conclusiones en un estante y decir que se cumplió el objetivo. Pero si el compromiso es “ejecutar” los acuerdos, tenemos que mantener un trabajo continuo. De hecho, han estado trabajando distintas comisiones en distintos lugares del país para abordar de mejor manera lo que se acordó.

Mirado y analizado de esa forma, el desenlace que ha tenido el Consejo de Política Forestal y las políticas que se han fijado, en general; desde el punto de vista de MUCECH, nos parece que se avanza. Sobre todo porque nosotros fuimos pioneros, mucho antes de esta iniciativa, en crear nuestro propio Plan Forestal Campesino e Indígena. Esto nos ha permitido tener una orientación bastante clara en cuanto a los planteamientos a hacer en este Consejo y en las distintas comisiones que se han creado para desarrollar prácticamente las políticas y obtener resultados para nuestro sector, que es lo más importante.

El resto de los actores se ha dado cuenta que el contingente mayor de territorio y de recursos para abordar el tema forestal presente y futuro, está en manos de los campesinos y los indígenas. Entonces, podemos decir que hay una satisfacción al haber expuesto el tema en la envergadura y magnitud que significa y, en segundo lugar, al desatar iniciativas que apunten a eso. Por ejemplo, en la última reunión de Bosque Nativo, se trataron las modificaciones a la legislación existente para ajustarla, corregirla o re-crearla en función de los intereses principales, que son los nuestros.

Anteriormente se tuvo que ajustar esta legislación, para lo que fue positiva la existencia del Consejo y su trabajo, por el tremendo incendio que hubo hace un par de años en el que se quemaron miles de hectáreas, un gran porcentaje pertenecientes a campesinos e indígenas. Pero, como ya había una política en funcionamiento, se logró crear iniciativas inmediatas para paliar, en parte o a largo plazo, lo quemado por el incendio.

Entonces, desde este punto de vista, nosotros vemos cosas positivas, más aun cuando establecimos una norma, propuesta por nosotros, de que no nos limitáramos a la existencia de recursos legales de hoy en día. Esto, porque si la resultante de los estudios era, y es, que la magnitud o el tamaño era 100, no podíamos seguir operando con 5 o con 10, respecto a los recursos. Felizmente contamos con las universidades y centros de investigación, otros actores del sector, para sintonizarnos en esa idea; aunque partamos hoy con los recursos que el estado da, pero el estado y los aparatos públicos tendrán que entender que para poder resolver sustancialmente lo que se propone, se requieren más recursos o reorientar servicios.

Por ejemplo, una de las conclusiones que surgieron en relación a los servicios públicos, fue la necesidad de legalizar como organismo público la Corporación Nacional Forestal (CONAF), que hoy es una corporación privada que opera con recursos públicos. Por lo tanto, las facultades de las que dispone la CONAF son bastante restringidas, a no ser que haya un recorrido entre otros servicios para asignarle recursos o autorizar lo que a ellos les corresponde hacer.

Además avanzamos en cómo se coordinan los servicios públicos para apoyar el desarrollo forestal y, en particular, el del sector campesino e indígena. Hoy en día cada servicio público es autónomo, es muy difícil articularlos en algún programa en común. Por lo tanto, en cada localidad que actúa un servicio, este dice algo y luego aparece otro servicio público diciendo otra cosa –ambos pagados con recursos del estado-. Entonces es un despilfarro de dinero y una confusión enorme para los sectores donde llegan. Con este trabajo del Consejo, se está avanzando paulatinamente a que haya una articulación, coordinación y complementación entre los servicios públicos de apoyo al sector rural.

Omar Jofré

Director de MUCECH