En el territorio rural de nuestro continente, por lo tanto también en Chile, una parte muy importante de su población son los pueblos originarios, cuyas actividades contribuyen al desarrollo y aportan un valioso capital cultural  de un valor colosal que le da un plus particular a la construcción del pueblo criollo que se siente heredero de la producción indígena.

En la actualidad las Naciones Unidas reconocen la existencia en América y El Caribe de 650 pueblos indígenas, que tienen una población de 50 millones de personas, los que han contribuido como nadie a la domesticación de la agrobiodiversidad que hoy alimenta a la humanidad, sin embargo, sus índices de inseguridad alimentaria superan en varias veces a los de la población no indígena.

En Chile desde sus primeros tiempos de lucha del naciente movimiento sindical agrario, las organizaciones campesinas en forma creciente vienen valorando    la participación en los sindicatos de los pueblos originarios tanto en su dimensión de pequeños productores, como campesinos asalariados.

Las organizaciones sindicales y gremiales,-resalta el dirigente del MUCECH Omar Jofre- reconocen que los pueblos originarios aportan una vocación muy especial para defender la naturaleza y la tierra, como un factor indispensable para pensar en el desarrollo integral de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (AFCeI).

La práctica histórica de las organizaciones campesinas que se viene desarrollando en los pueblos rurales es una base sólida que ha permitido levantar un conjunto de propuestas para todo los que trabajan como asalariados o pequeños productores en el ámbito rural.

Por otra parte, los datos estadísticos oficiales que  proporciona el Estado chileno,  junto a los  entregados por los estudios de los organismos internacionales,  las iglesias cristianas las universidades y muy especialmente los que emanan de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en un trabajo difundido a fines del 2015, informan que los   indígenas de América Latina  y el Caribe  representan el 10 % del total de la población rural del continente.

Según el trabajo realizado por el organismo internacional bajo la coordinación del especialista, Alfonso Alem,  América Latina es la región que registra los mayores avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, dado que la mayoría de los países han ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que entró en vigencia el año 1991.

Por su parte en Chile, de acuerdo a los datos oficiales del estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE), emanados del censo realizado el año 2002, en el país 692.192 personas mayores de 14 años se declararon como indígenas, lo que correspondió al 4,58% de la población total chilena que pertenecen a nueve pueblos originarios.

En la actualidad, el Estado chileno, tras decretar el 24 de junio como el día de los pueblos originarios, reconoce oficialmente la existencia de los nueve pueblos aborígenes; y que son; mapuche,  aymara, atacameño, quechua, rapanui, kolla, kawésqar, diaguita y yagán.

Junto a este reconocimiento, el Estado se comprometió “asumir la defensa de la lengua de los pueblos indígenas y el reconocimiento de sus autoridades, apoyar su economía y productividad, proteger sus prácticas culturales y medicinas y promover espacios de participación política, social y cultural”.

El antropólogo chileno, Joan Sotomayor, ilustra que también vivieron en el actual  territorio chileno otros siete pueblos indígenas que se encuentran extinguidos, producto de la violencia tanto la aplicada por el Estado cómo y por los grupos empresariales. Estos otros pueblos fueron el Caucahué – los Changos – los picunches – pueblo cunco – los chono- los aónikenk y el pueblo selknam.

El antropólogo Sotomayor señala como un aspecto inteligente “el surgimiento en Chile de una interesante tendencia transversal que viene ganando fuerzas para concordar una nueva visión política y cultural que postula un horizonte democrático con un nivel aceptable de progreso, justicia social y un irrestricto respeto por los derechos humanos, dado que no se puede pensar que es posible alcanzar el desarrollo sustentable y derrotar la pobreza, manteniendo una política de exclusión y represión con los pueblos originarios”.

Así mismo desde la FAO, especialmente surgen ideas que hablan de que los sistemas alimentarios tradicionales que tienen los pueblos indígenas, “los cuales han provisto de dietas variadas, equilibradas y sanas a su población por milenios, hoy se ven amenazados por los agronegocios, los monocultivos y la pérdida de sus conocimientos asociados”.

       Estas explicaciones junto a una importante lista de antecedentes históricos son registradas por las investigaciones llevadas adelante por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que tiene como propósito buscar un enfoque político compartido por los gobiernos para tratar adecuadamente a los pueblos originarios y aprovechar sus conocimientos.

       El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en América Latina ha venido abriendo importantes espacios para la superación de la vulnerabilidad y los rezagos impuestos por el proceso histórico de privación de sus medios de vida. Esto incluye el creciente reconocimiento de sus derechos territoriales, sus sistemas de conocimientos y diversos instrumentos de salvaguarda de sus derechos sociales, económicos y culturales que, sin embargo, aún están lejos de formar un panorama homogéneo en la región y, mucho menos, de su deseable vigencia en la práctica.-

Por Eduardo Henríquez P.

Periodista Email: lalohenríquez@yahoo.es