MUCECH es la unión estratégica de organizaciones campesinas nacionales, regionales y locales, de carácter social, político, económico y cultural.

El Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile MUCECH fue fundado en la cuidad de Talagante en la región metropolitana el 13 de noviembre de 1987, es la primera unión gremial nacional de los trabajadores agrícolas, agricultores familiares campesinos y pueblos originarios, con diversas visiones políticas para avanzar en un desarrollo integral para nuestro sector. Se acordó entonces, en el marco de la demanda única campesina impulsar la unión en la acción de todas las organizaciones campesinas de Chile, impulsando un plan de coordinación de las organizaciones campesinas en un sólo movimiento, representativo y defensor de la demanda rural campesina e indígena. Su primer gran objetivo fue la lucha por el rescate de la democracia en Chile. Actualmente, MUCECH está integrada por 16 organizaciones de carácter nacional y regional; con una estructura regional a lo largo de Chile.

Nuestra misión es representar y defender los intereses de todos los integrantes de la Agricultura Familiar Campesina Indígena (AFCI) y el desarrollo del mundo rural,  posicionando sus inquietudes y necesidades en los distintos ámbitos de la sociedad chilena, para alcanzar  su desarrollo y mejor calidad de vida. 

Nuestras Propuestas:

• Comprometer la dictación de una Ley de Desarrollo Rural Campesino e Indígena, que promueva un desarrollo igualitario, sostenible e integral, junto a una readecuación productiva innovadora y competitiva que permita una vida digna para el sector campesino.
• La Agricultura Familiar Campesina, requiere que el Estado desarrolle políticas públicas diferenciadas tendientes a mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales. Para alcanzar un desarrollo integral, sustentable, solidario, justo y con respeto al medioambiente, garantizando con ello el desarrollo de las zonas rurales y su gente.
• Declarar la importancia estratégica de la agricultura familiar campesina e indígena, que ha sido capaz de seguir produciendo alimentos para la población, rol importante en la seguridad alimentaria del país.
• El Estado debe garantizar la defensa y acceso a la tierra y agua de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena para la producción de alimentos; priorizando la producción de consumo interno, rescatando la identificación territorial. Además, debe proteger y defender los recursos genéticos y la biodiversidad del país, especialmente aquellos que están en poder de la AFCeI.
• Garantizar el desarrollo rural sustentable y sostenible, a través de políticas públicas diferenciadas, que fomenten iniciativas productivas campesinas en los diferentes territorios de nuestra geografia, sean estas forestales, ganaderas, cultivos, artesanales y/o de turismo rural.
• Resolver la deficiente conectividad física y digital de las zonas rurales.
• Que el Estado desarrolle una política para que la A.F.C.I. participe en compras públicas; fortaleciendo los mercados locales, apoyando iniciativas campesinas para el desarrollo territorial, incentivado con instrumentos públicos los procesos productivos y tecnológicos.
• Que el estado aumente los recursos para el desarrollo de la A.F.C.I., garantizando la inversión, innovación: individual y asociativa, como cooperativas, asociaciones y pequeñas empresas; con instrumentos diferenciados para A.F.C.I. incorporando aumentos y mejoras en las facilidades del crédito de INDAP (focalizar según territorio, rubros, género, otros)
• Para los/as trabajadores/as asalariados temporeros y permanentes, mejorar la legislación, incorporando en forma real el derecho a huelga.
• Establecer que el suministro de trabajadores(as) temporeros(as) a las empresas agrícolas, sea a través de empresas de servicios transitorios (EST) y no a través de personas naturales, de manera que queden registradas en Servicios de Impuestos Internos (SII), tengan un representante legal y domicilio comercial, situación que facilite las acciones de reclamos y cobranzas.
• Implementar una mayor fiscalización en las temporadas de trabajo, tanto hacia las empresas como hacia los contratistas.
• Es necesario garantizar la aplicación efectiva del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, suscrito por Chile, especialmente su artículo 7, en relación a la consideración de las particularidades culturales de los pueblos originarios y la protección de sus territorios.
• Dado el perfil de la mujer rural y rural indígena, es necesario que se incorpore a las políticas públicas el enfoque de género, esto es, territorialidad, edad, estado civil, tuición de menores y todas aquellas características que conforman su realidad como sujeto de derecho desde una perspectiva integradora, para generar políticas públicas diferenciadas y que se incorpore la violencia de género como elemento de control sociocultural que impide el acceso de la mujer rural y rural indígena y su desarrollo.
• Establecer políticas y programas hacia la juventud rural, en lo productivo y social, para que permanezcan en los territorios rurales evitando la emigración hacia la ciudad. Igualmente se fomente los instrumentos para apoyar su desarrollo e innovación.
• Construir un sistema de pensiones de base solidaria y diferenciado para el sector rural, que considere trabajadores/as agrícolas permanentes, trabajadores/as temporeros/as e independientes. Que además considere la estacionalidad de las actividades de los distintos rubros y regiones, y por ende, la estacionalidad de las cotizaciones.

MOVIMIENTO UNITARIO CAMPESINO Y ETNIAS DE CHILE – MUCECH.

 Santiago, diciembre 2021